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La comercialización masiva de participaciones preferentes entre los pequeños ahorradores españoles, ha provocado que miles de familias hayan visto atrapados sus ahorros tras el estallido de la crisis financiera.

Las malas y oportunistas prácticas bancarias por parte de las entidades de crédito, están adquiriendo hoy unas proporciones dramáticas que exigen la adopción de medidas urgentes por parte de los consumidores. Bankia, la más grande entre las entidades nacionalizadas, es también el banco con más preferentes en circulación entre los pequeños ahorradores.

En SOLOABOGADOS, son ya seis los clientes que han confiado en nosotros para la defensa de sus intereses respecto este asunto. Seis clientes, que como un gran número de españoles confiaron en Bankia para el depósito de sus ahorros, y que hoy se han visto engañados y sin ese dinero que en muchos casos, por no decir todos, resultan ser los ahorros de toda la vida.

Desde este despacho recomendamos que, ante la ausencia por parte de los bancos a ofrecer una solución directa, transparente, y que conlleve la recuperación del 100% del importe invertido, se tomen por parte de los pequeños ahorradores que se han visto afectados por esta mala praxis bancaria acciones judiciales frente  las entidades.

El mecanismo de Arbitraje, propuesto para los afectados por las preferentes de Bankia, resulta ser una solución que pretende cerrar el tema en falso, favoreciendo los intereses de todas las partes, menos del consumidor afectado, pues solo hay que pararse a pensar que, KPMG, la entidad «independiente» elegida para intervenir en los arbitrajes por la venta de participaciones preferentes de Bankia, ha ejercido la defensa de esta entidad en procesos judiciales por preferentes.

Sandra Peris

Abogado

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El pasado día 15 de mayo entró en vigor la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Se trata de la tan esperada Ley que querían los deudores hipotecarios y que modifica la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946; la Ley 2/1981 de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria y viene a desarrollar el RDL 27/2012.

Esta Ley se estructura en 6 capítulos, un anexo en el que se establece un Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, siete disposiciones adicionales y cuatro finales.

En el CAPÍTULO I Suspensión de los lanzamientos sobre vivienda habitual. Se prevé la suspensión inmediata y por el plazo de dos años del desahucio de unidades familiares (compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar) que se encuentren en alguna de estas situaciones de vulnerabilidad:

  1. Familia numerosa.
  2. Unidad familiar
    monoparental con dos hijos a cargo.
  3. Unidad familiar de la que
    forme parte un menor de tres años.
  4. Unidad familiar con un
    miembro que tenga declarada una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para trabajar.
  5. Unidad familiar en la que el deudor hipotecario esté en desempleado y haya agotado las prestaciones por desempleo.
  6. Unidad familiar con la que convivan en la misma vivienda una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de hasta tercer grado y se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para trabajar.
  7. Unidad familiar con una víctima de violencia de género.

 

Además de una de las situaciones anteriores también debe cumplirse con los requisitos económicos siguientes:

  1. Ingresos de la unidad familiar no sean superiores a tres veces al IPREM. Además se establecen límites superiores en determinados casos.
  2. Que en los cuatro años anteriores a la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas (cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5)
  3. Que la cuota hipotecaria sea superior al 50% de los ingresos netos de la familia.
  4. Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de ésta.

La acreditación de estas circunstancias se puede realizar durante todo el procedimiento de ejecución hipotecaria pero antes del lanzamiento.

En el CAPÍTULO II lo más relevante es que para las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual, se limitarán los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero. Se prohíbe expresamente la capitalización de estos intereses y se establece que para el caso de que el resultado de la ejecución fuera insuficiente para cubrir toda la deuda garantizada, dicho resultado se aplicará en último lugar a los intereses de demora, de tal forma que se permita en la mayor medida posible que el principal deje de devengar interés.

Adicionalmente se fortalece en la Ley Hipotecaria el régimen de venta extrajudicial de bienes hipotecados. Se introduce la posibilidad de que el notario pueda suspender decretando la improcedencia de dicha venta, decrete su continuidad o pueda advertir a las partes de las posibles cláusulas abusivas. Estas modificaciones se adoptan como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la unión Europea de 14 de marzo de 2013, dictada en el asunto por el que se resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona respecto a la interpretación de la directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993.

Por otro lado, se refuerza la independencia de las sociedades de tasación respecto de las entidades de crédito.

El  CAPÍTULO III  recoge diferentes modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de garantizar que la ejecución hipotecaria se realiza de manera que los derechos e intereses del deudor hipotecario sean protegidos de manera adecuada y, en su conjunto, se agilice y flexibilice el procedimiento de ejecución. En particular, se establece la posibilidad de que si tras la ejecución hipotecaria de una vivienda habitual aún quedara deuda por pagar, durante el procedimiento de ejecución dineraria posterior se podrá condonar parte del pago de la deuda remanente, siempre que se cumpla con ciertas obligaciones de pago. Además, se permite que el deudor participe de la eventual revalorización futura de la vivienda ejecutada. Por otro lado, se facilita el acceso de postores a las subastas y se rebajan los requisitos que se imponen a los licitadores.

Se introducen determinadas mejoras en el procedimiento de subasta, estableciéndose que el valor de tasación a efectos de la misma no podrá ser inferior al 75 por cien del valor de tasación que sirvió para conceder el préstamo (anteriormente no existía ningún límite para el tipo de subasta). Además, en caso de que la subasta concluyera sin postor alguno, se podría elevar (no siempre) del 60 por cien hasta un máximo del 70 por cien el precio al que el banco se la puede adjudicar, siempre para los supuestos de vivienda habitual.

Este capítulo recoge también la modificación del procedimiento ejecutivo a efectos de que, de oficio o a instancia de parte, el órgano judicial competente pueda apreciar la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo (o sea, en la escritura de hipoteca) y, como consecuencia, decretar la improcedencia de la ejecución o, en su caso, su continuación sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas. Dicha modificación se adopta como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013.

 Y el CAPÍTULO IV modifica el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo de 2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, tanto en lo que afecta al ámbito de aplicación, como en lo relativo a las características de las medidas que pueden ser adoptadas, lo que afecta al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual y al régimen sancionador.

La Ley concluye con disposiciones adicionales, como la del Fondo Social de Viviendas; disposiciones transitorias, y disposiciones finales, como la que prevé la recuperación del Plan de Pensiones, si se trata de evitar la pérdida de la vivienda habitual.

 

Amparo Tornero

Abogada

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          El Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, reduce en un 80% las tasas judiciales variables de las personas físicas en primera instancia y en los recursos de algunos órdenes; así mismo contempla la devolución de las tasas cobradas a los futuros beneficiarios de la justicia gratuita.

          La reciente norma aprobada por el Gobierno, reduce en un 80% las tasas variables de las personas físicas en primera instancia en los órdenes  jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo (están exentos los órdenes penal y social), que pasarán del 0,50% del valor del litigio con el límite de 10.000 euros al 0,10% del valor del litigio, con el límite de 2.000 euros. También se reducen en un 80% las tasas variables de las personas físicas en los recursos en los procesos civiles, contenciosos-administrativos y sociales, en los mismos términos que en primera instancia.

Se eliminan por completo las tasas para un mayor número de personas, y adelanta los efectos del anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, publicado el pasado enero, que tendrán carácter retroactivo. Se procederá al reintegro de las tasas abonadas desde el pasado 17 de diciembre a todas las personas que lo soliciten ante la comisión de Justicia Gratuita de cada comunidad autónoma, si bien la devolución sólo afecta a la tasa y no así al pago a abogados y procuradores, del que están excluidos los beneficiarios de la ley. También se elevan los umbrales de renta para ser beneficiario de la exención de tasas, que también se aplica a víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, de accidentes graves de tráfico y menores o discapacitados psíquicos víctimas de abuso o maltrato.

Por otra parte, queda eliminada la posibilidad de que el ejecutado hipotecario, o su avalista, de una vivienda habitual pague las tasas abonadas por el banco ejecutante en virtud de una condena en costas. En los casos de laudos arbitrales de consumo tampoco se abonarán tasas, así como en las separaciones y divorcios que se produzcan de mutuo acuerdo. En los procesos contenciosos relativos a multas y otras sanciones administrativas, además de producirse la reducción del 80% de las tasas variables antes indicada, se establece como límite de la tasa el 50% de la cuantía de las multas. También se equipara a los funcionarios con el resto de trabajadores al aplicarles en demandas laborales la reducción del 60% en segunda instancia al total de la tasa, como habían reclamado los sindicatos.

 

Sandra Peris

Abogada

 

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REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EN LA SEGURIDAD SOCIAL

El pasado día 17 de enero entró en vigor la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

Dicha reforma tiene como finalidad el reforzamiento de la transparencia de la actividad de la administración y del régimen de responsabilidad de los partidos políticos y sindicatos, incluyéndolos dentro del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas del que hasta ahora estaban excluidos.

Además, dicha reforma mejora la eficacia de los instrumentos de control de los ingresos y del gasto público.

Los objetivos de la reforma en el ámbito tributario son:

  1. La creación de un tipo agravado que ofrece respuesta a los fraudes de especial gravedad (cuantía superior a 600.000 euros) y eleva la pena de prisión hasta una duración máxima de seis años, lo que a su vez determina que el plazo de prescripción de las infracciones más graves sea de diez años.
  2. Posibilitar la persecución de las tramas organizadas de fraude fiscal mediante la facilitación de la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima de defraudación.
  3. Incrementar las posibilidades de cobro de la deuda tributaria impagada evitando la paralización del procedimiento administrativo por el proceso penal.
  4. Evitar la denuncia ante los Juzgados de aquellos obligados tributarios que han regularizado, de forma completa y voluntaria, su situación tributaria.
  5. Se establece atenuante de la pena inferior en uno o dos grados para aquellos imputados que, una vez iniciado el proceso penal satisfagan la deuda tributaria o colaboren en la investigación judicial.

Por otro lado, y en cuanto a los delitos contra la Seguridad social, con un esquema semejante a los delitos contra la Hacienda Pública, las principales novedades de la reforma son los siguientes:

1) Se reduce la cuantía a partir de la cual la infracción es constitutiva de delito, establecida ahora en 50.000 euros.

2) Se introduce un tipo agravado que permite la persecución de tramas societarias tras las cuales se oculta el verdadero empresario  para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores.

3) Se introduce un tipo específico para la penalización de las defraudaciones en prestaciones del Sistema de la Seguridad Social mediante un tratamiento penal diferenciado de la obtención fraudulenta de ayudas y subvenciones.

4) Se prevé un tipo agravado para defraudaciones superiores a 120.000 euros así como para las nuevas formas de organización delictiva dedicadas a estas actividades o propiciatorias de las mismas, empresas ficticias creadas con el único fin de obtener prestaciones del Sistema.

5) Se establece atenuante de la pena inferior en uno o dos grados para aquellos imputados que, una vez iniciado el proceso penal satisfagan la deuda con la Seguridad Social o colaboren en la investigación judicial.

 6) El procedimiento penal no paralizará la acción de cobro de la Administración.

Además, tanto en los delitos fiscales como contra la Seguridad Social, se establece la pena accesoria de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el tiempo de condena.

Asimismo también se modifican los delitos contra los derechos de los trabajadores, sancionando a quienes incumplen de forma grave la normativa laboral con conductas que además suponen una injusta competencia desleal con respecto a las empresas, emprendedores y trabajadores autónomos, que sí sean cumplidores de sus obligaciones legales.

Se establece un nuevo tipo penal para sancionar las conductas de ocultación, simulación y falseamiento de las cuentas públicas.

 

Ester Hernández

Abogada

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            Se ha publicado en el B.O.E. de 11/12/2012 la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, publicada anteriormente en el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» n. º 6.912, de 28 de noviembre de 2012.

            El objetivo de la ley es lograr la erradicación de cualquier tipo de violencia de un hombre sobre una mujer o niña, en su expresión más amplia, y en cualquier ámbito social, pero considerando también como víctima a los hijos e hijas menores y /o personas sujetas a tutela o acogimiento de dichas mujeres, que sufran cualquier perjuicio como consecuencia de la agresión a aquellas.

            El nuevo texto legal extiende el concepto de violencia de género e iguala a la agresión física y psicológica, la económica o cultural. De esta manera, la coacción económica -en ámbito familiar, pero también en casos de ruptura-, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la mutilación genital u otras prácticas culturales que perjudiquen a la mujer, serán juzgadas como violencia machista.

            Además, también se amplía el concepto de agresor, de tal manera que lo será cualquier hombre que agreda a una mujer, al margen de su relación con ella. De esta forma el acoso sexual en el trabajo también será concebido como violencia de género.

            Asimismo, el Gobierno autonómico creará un Fondo de Emergencias que garantizará ayudas económicas inmediatas para atender las necesidades más urgentes de las víctimas. Para aplicar las medidas de protección no será necesario esperar a la orden específica, sino que será suficiente con una resolución judicial, y excepcionalmente,  en ausencia de ésta  un informe policial o un certificado de los servicios especializados en el que haya constancia de que ha habido malos tratos hacia la mujer.  

            Otra de las novedades es la obligatoriedad por parte de la Generalitat de solicitar la privación de la patria potestad del presunto agresor en caso de fallecimiento de la madre.

           También se protege a las inmigrantes en situación irregular y se contemplan medidas especiales para las mujeres con algún tipo de discapacidad.

Amelia Rivero

Abogada

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LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE TASAS JUDICIALES

 

El BOE publicó el pasado miércoles 21 de noviembre, la nueva Ley de tasas judiciales, en virtud de la cual, la tasas fijas que habrá que pagar por acudir a la Justicia oscilarán entre los 100 y los 1.200 euros, cuantías a las que habrá que sumar un porcentaje de entre el 0,25% y el 0,50% en función del importe económico de los litigios.

La nueva Ley 10/2012, de 20 de noviembre, pretende racionalizar «el ejercicio de la potestad jurisdiccional», al tiempo que resalta que «aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita». Asimismo, insiste en que la Ley «pone todo el cuidado en que la regulación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no afecte al derecho a acceder a la justicia».

Los ciudadanos deberán abonar las tasas judiciales antes de iniciar un pleito, en todos los órdenes menos en el penal y supone un recargo de hasta diez veces la cuantía de lo reclamado. Así lo establece el Proyecto de Orden Ministerial de Hacienda que aprueba los Modelos de declaración del nuevo impuesto, que entrará en vigor antes de que acabe el año.

La Orden, que colgó la Agencia Tributaria en su Web, el pasado 27 de noviembre, como trámite de audiencia pública antes de que se publique en el BOE, contiene el Modelo 696 de Autoliquidación y el Modelo 695 de solicitud de devolución de las tasas por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos.

Aunque la presente Ley, entró en vigor el pasado jueves 22 de noviembre, no podrá aplicarse hasta que esta Orden se publique en el BOE. La orden no alcanza a los pleitos que se planteen hasta su entrada en vigor, a pesar de que el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, abrió la posibilidad de que les afectara.

La nueva norma, ha encontrado una fuerte contestación social, política e incluso judicial. El presidente del Consejo General de Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha solicitado al PSOE que plantease un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de tasas judiciales, habida cuenta de que es el único grupo parlamentario de la oposición con suficientes diputados para formalizar esa impugnación. Por su parte, las asociaciones de jueces, fiscales, así como la gran mayoría de Colegios de Abogados en todo el territorio nacional, han reiterado, su intención de convocar concentraciones ante el Ministerio de Justicia y ante las sedes judiciales de cada capital de provincia en protesta por la reforma legislativa.

La Asociación de Consumidores Facua ha denunciado que la nueva Ley de Tasas Judiciales aprobada por el Gobierno establece «una justicia para ricos y otra para pobres» y señala que el texto «vulnera» el derecho a la tutela judicial efectiva  «sin que en ningún caso se pueda producir indefensión» de acuerdo al artículo 24 de la Constitución Española, según la asociación.

 

Sandra Peris

Abogada

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Un año más SOLOABOGADOS patrocinó el programa de animación de la Maratón de Valencia, además de asumir el coste de la Mascletá, Kilometro Musical y diversos puntos de animación a la largo del recorrido.

Se convocó por tercer año consecutivo el concurso «III PREMIO SOLOABOGADOS” A LA ANIMACIÓN POPULAR EN LA MARATÓN DE VALENCIA, para distinguir a las asociaciones que más hayan contribuido a la animación de la carrera celebrada ayer domingo 18 de noviembre, y cuyos ganadores han sido:

1er Premio

  • ASOCIACION CULTURAL FALLERA DUC DE GAETA – POBLA DE FARNALS, dotado con 600,00 € (seiscientos euros) y  actuación de magia.

2º Premio

  • FALLA DR. J.J. DOMINE – PORT, dotado con 400,00 € (cuatrocientos euros)

3er Premio ex aequo

  • FALLA ARQUITECTO ALFARO – FRANCISCO CUBELLS y AVAPACE (Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral), dotado con 200,00 €  (doscientos euros) a compartir.

En contradicción a la previsiones meteorológicas, el sol lució en la mañana de ayer permitiendo que la fabulosa animación de las asociaciones y fallas inscritas en esta convocatoria acompañara a los corredores a lo largo de las calles de Valencia.

Agradecemos a cada una de ellas su participación en esta iniciativa que años tras año se va consolidando, esperando que el año que viene nos sigáis sorprendiendo con vuestras ingeniosas animaciones.

Raquel Rocafull

Dpto. Administración/Secretaría

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REAL DECRETO-LEY 27/2012, DE 15 DE NOVIEMBRE, PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS (BOE 16.11.2012)

 La Disposición Transitoria de este Real Decreto-Ley que entra en vigor hoy establece que esta norma será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado «a la entrada en vigor» de este Real Decreto y en los que no se hubiera procedido al desahucio.

Con ello, el Consejo de Ministros intenta proteger a los deudores hipotecarios y paliar la situación de los que ya han sido desalojados de sus viviendas.

En concreto, a partir de hoy, se paralizará durante dos años el desahucio, permitiendo que el deudor permanezca en la vivienda sin coste alguno, para una serie de colectivos especialmente vulnerables, según establece en su artículo 1, siendo estos colectivos los siguientes:

  • familias numerosas
  • unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo
  • unidad familiar con un menor de tres años
  • unidad familiar con uno de sus miembros discapacitado superior al 33%.
  • unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en el paro y haya agotado las prestaciones por desempleo.
  • unidad familiar en la que algún miembro hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad sea discapacitado, dependiente o enfermo grave que le incapacite para trabajar de forma temporal o permanente.
  • unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género, en el caso que la vivienda constituya el domicilio habitual.

 Por unidad familiar hay que entender la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, gurda o acogimiento familiar.

 Además, tienen que concurrir una serie de requisitos económicos para que se paralice el desahucio:

  1. Que los ingresos del conjunto de la unidad familiar no podrán superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2012 se sitúa en 532 euros al mes, es decir, 1.597 euros mensuales o, lo que es lo mismo, cerca de 19.200 euros anuales.
  2. Acreditar que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud de la paralización del desahucio hayan sufrido una alteración «significativa» de sus circunstancias económicas, entendiéndose por esto cuando el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en esos cuatro años -es decir, que si suponía un 40% haya pasado a ser un 60%-.
  3. Que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos percibidos por el conjunto de la unidad familiar.
  4. Y que se trate de crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma.

 Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos habrá que presentarse la siguiente documentación, antes de la ejecución del lanzamiento, ante el Juez o Notario encargado del procedimiento:

  • Certificado de rentas expedido por la Agencia Tributaria de los últimos cuatro años.
  • Últimas tres nóminas percibidas.
  • Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones donde figure la cuantía mensual percibida.
  • Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
  • En el caso de trabajadores autónomos, certificado expedido por la Agencia Tributaria o, si estuviera percibiendo prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual.
  • Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.
  • Certificado de empadronamiento histórico relativo a las personas empadronadas en la vivienda.
  • Certificado de titularidad expedido por el Registro de la Propiedad.
  • Escritura de compraventa de la vivienda y de la constitución de la hipoteca, y de otros préstamos si los hubiere.
  • Declaración responsable del deudor relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

A estas medidas se añade el mandato que el decreto ley al Ejecutivo a que empiece una negociación con las entidades financieras para la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito para alojar a las personas en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desahuciadas de sus casas por impago de su préstamo hipotecario, facilitando el acceso de las mismas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.

 

 Ester Hernández

Abogada

 

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STS 6202/2012 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 8 de Octubre de 2.012. Nº de Recurso: 216/2010: El Tribunal Supremo condena a una pareja a escriturar y pagar los dúplex que compraron para especular.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada en el Recurso de Apelación nº 484/2009 por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Valencia, dimanante de los Autos de Juicio Ordinario nº 598/2008, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Valencia, que condena a una pareja a otorgar escritura pública de compraventa de dos inmuebles que compraron con fines especulativos, y a abonar a la promotora la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS en pago de la compra de los anteriores inmuebles, junto a los intereses de demora y a las costas procesales.

De los hechos declarados acreditados se deduce que la promotora vendió a los demandados dos viviendas con sus correspondientes trasteros, que estos compraron con fines de especulación, adquiriendo para revender antes de la finalización de la obra, obviando la escrituración y los gastos correspondientes, hasta que la situación económica se deteriora y las ventas se ralentizan hasta el punto de que se ven en la necesidad de subrogarse en el préstamo hipotecario, lo que se le deniega por su edad y falta de solvencia. Finalizada la construcción, los demandados fueron requeridos notarialmente en dos ocasiones para el otorgamiento de la escritura de compraventa pero no comparecieron. La compraventa se hizo con reserva de ceder a terceros, constando que desde la compra se colocaron carteles anunciando la venta.

Uno de los motivos alegados por los recurrentes es la Infracción del artículo 1184 del Código Civil: “También quedara liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible”; así como la doctrina de la «IMPOSIBILIDAD SOBREVENIDA”.

Se invoca por los recurrentes la no intención de incumplir, que la denegación de la subrogación en el préstamo hipotecario por la entidad financiera era imprevisible y que la situación económica existente hacía poco probable que se restringiera el crédito, por lo que no concurre falta de previsión.

En cuanto a la imposibilidad sobrevenida, tiene dicho la Sala Primera del Tribunal Supremo (SSTS 30 de abril de 2002, 21 de abril de 2006, entre otras) “que ha de hacerse una interpretación restrictiva y casuística, atendiendo a los casos y circunstancias», “que la imposibilidad sobrevenida ha de ser definitiva y no haberse producido por culpa del deudor” (SSTS 17 de marzo y 20 de mayo de 1997, 14 de diciembre de 1998, etc.) “y que no hay imposibilidad cuando se puede cumplir con un esfuerzo de voluntad del deudor” (SSTS 14 de febrero y 12 de marzo de 1994, 20 de mayo de 1997, etc.), “así como que para apreciar la imposibilidad sobrevenida se requiere que el deudor no se halle en mora” (SSTS 23 de febrero de 1994, 30 de abril de 2002, 21 de abril de 2006, etc.).

A la vista de esta consolidada doctrina y puesta en relación con los hechos probados, la Sala -aceptando el criterio expresado con claridad en la sentencia recurrida- entiende que los compradores adquirieron con fines especulativos, lo que les podía haber generado una rápida ganancia, obteniendo un precio superior al pactado con la promotora, pero los compradores cuando se integran en un proceso de rápida obtención de beneficios con la consiguiente disposición urgente de la inversión, se están sometiendo a una situación de riesgo aceptado que no pueden intentar repercutir sobre la parte vendedora que ningún beneficio obtiene de las ulteriores ventas.

Es decir, los recurrentes pretenden aceptar los beneficios de la especulación pero repercutiendo en la vendedora las pérdidas que se pudieran presentar, lo que es contrario a la buena fe.

Concluye la Sala, que no se infringe el artículo 1.184 del Código Civil al concurrir culpa del deudor al no prever la existencia de una situación de riesgo que era posible anticipar mentalmente, dado que las fluctuaciones del mercado son cíclicas como la historia económica demuestra.

 

Amelia Rivero

Abogada

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Medidas urgentes para paliar los
daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales.

 

El pasado 8 de septiembre, entraba en vigor el Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños  producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas.

Desde principios del pasado verano, son miles las hectáreas a lo largo de la geografía española, las que han sufrido grandes incendios, siendo una de las Comunidades Autónomas más castigadas por esta catástrofe, la Comunidad Valenciana, donde se han visto afectadas alrededor de 60.000 hectáreas por el fuego.

Por otra parte, desde finales del pasado mayo se han producido fuertes tormentas de pedrisco en diversos territorios de nuestra geografía, que han destruido cosechas y cultivos, produciendo, además, daños en infraestructuras de titularidad pública y en bienes de titularidad privada, viviendas y explotaciones agrícolas y ganaderas.

Los poderes políticos, dada la magnitud de estos hechos y de sus consecuencias, se han visto obligados a adoptar medidas extraordinarias consistentes en un régimen de ayudas específicas, así como la adopción de un conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas a la reparación de los daños producidos en personas y bienes y a la recuperación de las zonas afectadas.

El objetivo de esta norma es, aprobar por tanto, un catálogo de medidas, tales como las ayudas por daños personales o la disminución de las cargas tributarias, para intentar paliar el impacto en los ciudadanos y las empresas afectados.

Se concede la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio de 2012 que afecten a viviendas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo y similares, dañados como consecuencia directa de los siniestros, cuando se
acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que
ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos, o los destrozos en cosechas constituyan siniestros no cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o privado.

En virtud del principio de cooperación interadministrativa, la magnitud de los daños ocasionados y la necesidad de asegurar la realización de determinadas actuaciones de restauración de carácter prioritario, hacia necesaria la intervención de la Administración General, por otra parte el hecho de que no haya terminado de evaluarse el daño producido en algunas de las catástrofes acaecidas hace necesario que se contemple la posibilidad de complementar esta norma desde un punto de vista presupuestario, pero no es excusa para demorar la aplicación de aquellas medidas más perentorias que deben contribuir a recuperar, en la medida de lo posible, la normalidad en las zonas afectadas.

 

Sandra Peris

Abogada

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